Inversiones peligrosas

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Durante los últimos años en los países del sur se está experimentando un aumento de la inversión extranjera directa en tierras agrícolas. Motivados en parte por la crisis alimentaria, los inversores públicos y privados están comprando millones de hectáreas de tierras agrícolas en África, Asia y América Latina. Sin embargo, muchas inversiones de gran escala no cumplen con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria, o de promover un desarrollo sostenible y equitativo.

Es un error pensar que las inversiones para la producción agrícola industrializada y de biocombustibles puedan asegurar las necesidades ambientales y de desarrollo del planeta. La apropiación de tierras constituye una seria amenaza a los derechos humanos de las comunidades de los países que reciben estas inversiones. Al negar a los usuarios y terratenientes el acceso a la tierra y a los recursos naturales vitales, los inversores de gran escala ponen en peligro la manera de vivir de la gente de la comunidad. Los usuarios de la tierra no saben que hacer al ser desalojados de las tierras que han estado cultivado durante décadas. Los pueblos indígenas y las poblaciones de pastores están siendo deslocalizadas. Estas poblaciones se enfrentan a la disminución de seguridad de alimentos, ya que aumenta la competencia por los recursos como la tierra y agua. De hecho, la mayoría de los cambios en la agricultura será orientada a la exportación. No sólo las poblaciones están siendo deslocalizadas, sino que también están agotando sus recursos usándolos de manera insostenible.

Esta no es la primera vez que algo así sucede en los países en desarrollo (leer sobre México). Bajo la bandera de la “revolución verde” y la necesidad de aumentar la productividad, los derechos humanos están siendo violados.

Las fuerzas que impulsan las inversiones a gran escala son tres. En primer lugar, la volatilidad de los precios en el mercado mundial de alimentos ha causado que los países que padecen inseguridad alimentaria se preocupen por la precariedad de su situación. Los Estados del Golfo, por ejemplo,  son muy dependientes de los mercados internacionales de alimentos y por ende han invertido mucho en el agua y el suelo de África. Los países con problemas de seguridad alimentaria por el rápido crecimiento de la población, como India y China, también están buscando la oportunidad de producir alimentos en el extranjero.

En segundo lugar, la creciente demanda de biocombustibles ha llevado a los inversores a controlar vastas extensiones de tierra en los países en desarrollo para la producción de biocombustibles. La gran demanda se debe principalmente a que los países dependientes del petróleo han establecido objetivos ambiciosos de producción de biocombustibles, bajo el pretexto de disminuir las emisiones de carbono y aumentar la proporción de biocarburantes en el transporte terrestre.

Finalmente, muchos grandes inversionistas, incluidos los bancos de Wall Street y los individuos ricos, han comenzado a ver la inversión directa en la tierra como una inversión segura en un entorno financiero inestable. Esto es aún más un problema, porque los inversionistas no tienen la experiencia ni el conocimiento para gestionar la producción de tierras a gran escala. Inversiones de la tierra se han vuelto más atractivos como una “cobertura contra la inflación”.

Aunque muchos culpan a las corporaciones y a las instituciones de inversión por estas apropiaciones de tierras, es importante recordar que el gobierno también debe rendir cuentas. Los gobiernos de los países en los que la apropiación de tierras están ocurriendo también son responsables, no son sólo espectadores. Los estados, tanto los gobiernos que acogen a la inversión como los que las originan, han negado la obligación de regular la conducta de los inversores. Si los gobiernos no representan los intereses de las personas que están siendo afectados negativamente por las inversiones extranjeras directas no habrá ninguna solución. Por otro lado, el activismo de los accionistas de las compañías privadas y de los grupos de interés que quieren proteger los recursos tienen que exigir más acción de los gobiernos también.

Julia Naime (@julianasah) es Asistente a la Investigación y Programas del SISGI Group. Es estudiante de Economía en New York University. Durante su pasantía en el SISGI Group, investigará sobre Desarollo rural, Problemas ambientales y Economía internacional
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